Resumen de Los problemas de la pensión de viudedad en la última doctrina judicial
- español
Este trabajo analiza, a través de la doctrina judicial más reciente, los problemas que en la práctica plantea el régimen jurídico de la pensión de viudedad. Comienza el artículo con unas reflexiones previas sobre la crisis de la pensión de viudedad y la necesidad de reformar su régimen jurídico para adecuarlo a la nueva realidad socio-económica.
Tras estas reflexiones, el artículo aborda el estudio del régimen jurídico de la prestación de viudedad. El trabajo se centra en el campo de los beneficiarios, debido a que el régimen de acceso de la pensión de viudedad es, sin duda, el aspecto más conflictivo de su regulación.
Se examina, en primer lugar, el régimen de acceso «privilegiado» del cónyuge legítimo y su constitucionalidad, los problemas que plantea la apreciación del vínculo conyugal y el supuesto excepcional del fallecimiento que deriva de una enfermedad no sobrevenida tras el vínculo conyugal. En relación con la constitucionalidad del régimen de acceso «privilegiado» del cónyuge, se analiza la STC 92/2014, que resuelve una cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el requisito del matrimonio aplicado a las parejas de hecho homosexuales antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007. La sentencia confirma la doctrina anterior del Tribunal Constitucional, afirmando que el requisito del matrimonio está plenamente justificado, aun cuando en su día supusiera la exclusión de todas las parejas homosexuales del ámbito de protección de la pensión de viudedad.
Respecto a las dificultades que plantea en la práctica la apreciación del vínculo conyugal, se examina, primero, el problema de los matrimonios no inscritos y la solución del Tribunal Constitucional dada en la STC 199/2004, que resulta cuestionable. El segundo problema que se expone es el de los matrimonios celebrados por el rito gitano. En este punto, se comenta la STEDH de 8 de diciembre de 2009, dictada en el caso «Muñoz Díaz» y su posible ampliación a otros supuestos, en concreto a los matrimonios islámicos inválidos.
En relación con este supuesto, se analiza la STC 194/2014. El último problema examinado es el de los matrimonios polígamos; se exponen las distintas soluciones aplicadas en la doctrina de suplicación para, finalmente, defender, como opción más razonable, la adoptada por el Estado español en los convenios bilaterales firmados con Marruecos y Túnez en materia de Seguridad Social, debería aplicarse también a los nacionales de otros países. Esta parte del trabajo se cierra con el estudio del supuesto excepcional del fallecimiento que deriva de una enfermedad no sobrevenida tras el vínculo conyugal, analizando, en especial, la doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo en relación con el requisito de la convivencia prematrimonial. Con respecto a este requisito, la Sala IV ha hecho dos precisiones. En primer lugar, la convivencia prematrimonial solo resulta computable desde el momento en que no exista ningún impedimento de los miembros de la pareja para contraer matrimonio, por lo que no computa la convivencia cuando alguno de los miembros de la pareja o ambos mantiene vínculo conyugal con un tercero.
En segundo lugar, esta convivencia prematrimonial no requiere la exigencia documental de la pareja de hecho. Esta última interpretación resulta discutible, pues la remisión que hace el art. 219.2 al art. 221.2 de la LGSS no se limita a su párrafo primero.
En la tercera parte del trabajo se estudia el régimen de acceso a la pensión de viudedad en los supuestos de crisis matrimoniales: divorcio, separación judicial y nulidad del matrimonio. En relación con los ex cónyuges y los cónyuges separados judicialmente, se examina, en primer lugar, el requisito de la pensión civil compensatoria y el régimen previsto en la disposición transitoria 13ª de la LGSS. La Sala IV del Tribunal Supremo ha aclarado algunos aspectos importantes en esta materia. Respecto a la pensión civil compensatoria, ha precisado que basta con ser acreedor de la misma (SSTS 18.9.2013 y 1.4.2014) y que la remisión al art. 97 del Código Civil debe interpretarse, además, de forma flexible y finalista –lo decisivo no es el nombre, sino la finalidad– (STS Pleno 29.1.2014 y STS 23.2.2016, entre otras). En cuanto al régimen de la disposición transitoria 13ª LGSS, la Sala IV ha hecho tres aclaraciones destacables: 1) Este régimen se aplica aun cuando el ex cónyuge cumpla el requisito de la pensión civil compensatoria (STS 15.10.2014). 2) En el requisito nº 2, si se produce separación y posterior divorcio, la fecha que habrá que tener en cuenta es la de la separación (STS 2.11.2013). 3) La pensión en estos supuestos se calcula conforme a la normativa anterior a la Ley 40/2007, lo que tiene dos consecuencias importantes: la cuantía de la pensión no estará limitada a la cuantía de la pensión civil compensatoria, cuando exista (STS 15.10.2014), y el ex cónyuge sólo tendrá derecho a la pensión en proporción al tiempo convivido con el causante –tesis atributiva– (STS 23.6.2014). La disposición transitoria exige, en todo caso, que el divorcio o la separación se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 40/2007. Después, se expone el régimen de asignación de la pensión de viudedad en los supuestos de divorcio y separación judicial, explicando el fin de la «doctrina del INSS viudo», el retorno a la tesis distributiva y la garantía del 40% a favor del vínculo vigente en el momento del fallecimiento. Finalmente, se comenta el supuesto de la reconciliación de los cónyuges separados judicialmente y el cambio de doctrina introducido en la STS 16.2.2016, haciendo una breve referencia a la reconciliación de los divorciados y a la STS 20.7.2015. En relación con la nulidad matrimonial, se hace una valoración crítica del régimen de acceso a la pensión de viudedad.
La última parte del estudio se centra en las parejas de hecho, aunque, debido a que la revista incluye un artículo dedicado a esta materia, el trabajo se limita a comentar brevemente los problemas más importantes que plantea su régimen. De los requisitos que se le exigen a la pareja de hecho para ser beneficiaria de la pensión de viudedad, tres son especialmente problemáticos: el requisito «antibigamia», la acreditación de la convivencia y la acreditación de la existencia de la pareja de hecho. La constitucionalidad del primero de los requisitos mencionados ha sido confirmada por la STC 44/2014. En cuanto a los otros dos requisitos, la Sala IV del Tribunal Supremo ha hecho varias precisiones. La acreditación de la convivencia puede hacerse mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho (STS 9.6.2011, entre otras). Por su parte, la acreditación de la existencia de la pareja de hecho es un requisito autónomo y solo puede llevarse a cabo mediante la formalización de la pareja en documento público o mediante su inscripción en el registro de parejas de hecho (STS 1.6.2016 y otras), criterio que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional (SSTC 51/2014 y 60/2014). El examen termina analizando la protección retroactiva de las parejas de hecho en la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007; en especial, la inconstitucionalidad del requisito de los hijos comunes (STC 41/2013) y la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad sobre el plazo de los 12 meses por el ATC 112/2015.
- English
This paper analyses, through the latest judicial doctrine, the problems that the legal status of widowhood pensions cause in practice. The article begins with some preliminary reflections on the crisis of widowhood pensions and the necessity to reform its legal system to adapt it to the new socioeconomic reality.
After these reflections, the paper analyses the legal framework for widowhood benefits.
This study is focused on the field of beneficiaries, because the access to the widowhood pension scheme is undoubtedly the most controversial aspect of its regulation.
First, we examine the «privileged» access scheme for the legitimate spouse and its constitutionality, the problems that the assessment of marriage bonds creates and the exceptional event of death derived from an illness not occurring after the marriage bond.
Regarding the constitutionality of the «privileged» access scheme for the spouse, STC 92/2014 is analysed; this judgement solves an internal question of unconstitutionality in relation to the requirement of marriage for same-sex couples before the entry into force of Law 40/2007. This judgement confirms the previous doctrine of the Constitutional Court, claiming that the marriage requirement is fully justified, even though in its day all same-sex couples were excluded from the benefits of widowhood pensions. Regarding the difficulties that assessment of marriage bonds causes in practice, first we examine the problem of unregistered marriages and the resolution of the Constitutional Court according to STC 199/2004, which results questionable. The second problem stated here is about marriages celebrated according to the gypsy wedding rite (Roma rite). At this point, we discuss the judgement JECHR of 8 December 2009, which was pronounced in the case «Muñoz Díaz», and its possible extension to other cases, more specifically to invalid Islamic marriages. Under this assumption, STC 194/2014 is analysed. The problem of polygamous marriages is discussed last; several solutions applied to appeals of reconsideration are discussed in order to finally defend, as the most reasonable option, the one adopted by the Spanish State in bilateral agreements signed with Morocco and Tunisia on Social Security, which should also be applied to nationals from other countries.
This part of the article finishes with the study of the exceptional event of death derived from an illness not occurring after the marriage bond and the analysis, in particular, of the doctrine of the Supreme Court (Chamber 4-Civil Law) in relation to the requirement of cohabitation before marriage. With respect to this requirement, Chamber 4 has made two clarifications. First, cohabitation before marriage only counts from the moment there is no impediment for the partners to marry, so cohabitation does not count when any of the partners or both has a marriage bond with a third person. Secondly, the documents needed for common-law partners are not required for this cohabitation before marriage.
The latter interpretation is dubious, because the reference in Article 219.2 to Article 221.2 of the General Law on Social Security (LGSS) is not limited to its first paragraph.
The third part of the paper deals with the access scheme to widowhood pensions in cases of marriage crisis. divorce, legal separation and nullity of marriage. In relation to former spouses and judicially separated spouses, we examine first the requirement of compensatory civil pension and the rules established in the13th transitional provision of the LGSS. Chamber 4 of the Supreme Court has clarified some important aspects in this area. Regarding the civil compensatory pension, it has stated that you only need to be a beneficiary to be entitled to it (judgement Supreme Court STS 18.9.2013 and 1.4.2014) and that the reference to Article 97 of the Civil Code should also be interpreted in a flexible and final way - what matters is not the name, but the purpose- (STS Plenary Session 29.1.2014 and STS 23.2.2016, among others). As for the scheme of the 13th transitional provision of LGSS, Chamber 4 has made three outstanding clarifications: 1) This scheme applies even if the former spouse meets the requirement of civil compensatory pension (STS 15.10.2014). 2) In requirement number 2, if separation and subsequent divorce occurs, the date that will have to be taken into account is the separation date (STS 2.11.2013). 3) The pension in these cases is calculated according to previous regulations to Law 40/2007, which has two important consequences: the amount of the pension will not be limited to the amount of compensatory civil pension, if available (STS 15.10.2014), and the former spouse will only be entitled to a pension in proportion to the cohabitation period with the deceased- attribution theory (STS 23.6.2014). The transitional provision requires that, in any case, divorce or separation have occurred prior to the entry into force of Law 40/2007. Then, the scheme for allocation of widowhood pensions in cases of divorce and legal separation is discussed, explaining the purpose of the «doctrine of the widower INSS» the return to distributive justice and the guarantee of 40% in favour of the bond in force at the time of death. Finally, we deal with the case of reconciliation of legally separated spouses and the change of scheme introduced in judgement STS 16.2.2016, with a brief reference to reconciliation of divorced spouses and to judgement STS 20.7.2015. Regarding nullity of marriage, a critical assessment of the access scheme to widowhood pensions is presented.
The last part of the study focuses on common-law partnerships but due to the fact that the magazine includes an article devoted to this subject, it briefly discusses the most important issues raised by its scheme. Among the requirements for common-law partners to be entitled to a widowhood pension, three are particularly problematic: the «antibigamy» requirement, evidence of cohabitation and the existing common-law partner.
Constitutionality of the first of these requirements has been confirmed by judgement STC 44/2014. As for the other two requirements, Chamber 4 of the Supreme Court has made several clarifications. Evidence of cohabitation can be done by any means admissible by law (STS 9.6.2011, among others). As for evidence of an existing commonlaw partner, it is an autonomous requirement and can only be carried out by registration of the common-law partnership by means of a public document or register offices (STS 1.6.2016 and others), an approach that has been endorsed by the Constitutional Court (SSTC 51/2014 and 60/2014). This review ends by analysing the retroactive protection of common-law partners on the 3rd additional provision of Law 40/2007; in particular, the unconstitutional requirement about common children (STC 41/2013) and the inadmissibility of unconstitutionality over a period of 12 months by ATC 112/2015 (decision of the Constitutional Court).
