Los nuevos avances tecnológicos han tenido un impacto innegable sobre el proceso penal, posibilitando nuevas vías para la investigación del delito y la persecución de sus responsables. Paralelamente, el impacto que su utilización tiene en los derechos fundamentales de los investigados resulta asimismo innegable, lo que exige una ponderación adecuada entre la necesidad de la persecución penal y el necesario respeto de estos últimos.
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