En los últimos meses en Barcelona se está germinando lo que podríamos denominar como una “tormenta inmobiliaria” referida a los pisos de alquiler. El elevado porcentaje de viviendas asequibles, la creciente demanda y los pisos que se ofrecen para el turismo de forma ilegal han producido un notable aumento de los precios. Así, Barcelona ha propuesto al Gobierno una legislación que controle los excesos o que otorgue facultades a la Generalidad para equilibrar los precios. ¿Qué consecuencias tendría esta limitación? ¿Sería beneficiosa?
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