La atribución por Administraciones y entidades públicas de encomiendas de gestión a los denominados «medios propios o servicios técnicos» (in-house providing en la terminología anglosajona) se excluye, de acuerdo con determinadas condiciones, de la aplicación de las normas que regulan la contratación pública. Para evitar la utilización abusiva de esta técnica, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que se tramita actualmente en el Congreso endurece los requisitos y las condiciones aplicables; aún más restrictiva es la regulación que aplica al ámbito del sector público estatal la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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