Uno de los efectos más perversos de la crisis económica y financiera que estalló en el año 2008 ha sido la implementación de medidas de austeridad. Estas medidas han afectado de tal manera el ejercicio de derechos económicos y sociales previamente adquiridos que pueden ser consideradas una violación de la prohibición de no-regresión establecida por el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Ni en la Unión Europea, ni en el Consejo de Europa, ni en la legislación nacional de muchos países europeos, incluido España, existe un marco adecuado de protección de estos derechos, lo que deja a las víctimas de la referida violación en una situación de absoluta indefensión.
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