Esta norma, que sustituye a una de mediados de los ochenta, supone el fin de las patentes sin examen. El cambio es muy relevante porque hasta ahora más del noventa por ciento de las patentes españolas se pedían y se concedían sin verificarse los requisitos de patentabilidad. Además, revisa y actualiza el régimen de tasas y la regulación de los modelos de utilidad, y reconoce un nuevo derecho económico a los inventores en el marco de una relación de empleo o de servicios, entre otras muchas novedades relevantes. Con esta norma se pretende modernizar el sistema español de protección de las invenciones y asimilarlo al de los países de nuestro entorno, además de incrementar la seguridad jurídica. En este artículo se repasan sus elementos fundamentales.
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