Las operaciones de manipulación de mercancías en los puertos españoles supone un importante servicio que debe prestarse, en el marco de la Unión Europea, en régimen de libre competencia para lo que resulta indispensable el respeto a la libertad de establecimiento de las empresas de los distintos Estados de la Unión. El Tribunal de Justicia declaró que España no respetaba estos principios y ante su pasividad en el cumplimiento de la sentencia, la Comisión Europea ha introducido un nuevo recurso para obligar a España a su cumplimiento, bajo amenaza de pagar 134.107,2 euros por cada día de retraso, además del montante ya acumulado.
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