Las retóricas neoliberales deslegitiman la función pública, tarea a la que también contribuye la implantación de modos de gestión —como las externalizaciones de servicios— que extienden espacios propicios a la corrupción y al clientelismo. Es preciso reformular el estatus del Estado como prestador de servicios a la comunidad. La defensa de lo público pasa por ello como por experimentar formulas de gestión. Replantearse el concepto de servidor público bajo la noción de la imparcialidad, importada del campo del poder judicial, puede llevarnos a revisar el concepto de Estado y el nuevo modo de provisionar los servicios en una sociedad postfordista en el que las personas exigen el que nadie se beneficie de ventajas y privilegios. Defender lo público no significa ni apostar por el estatismo ni ignorar los peligros de las burocracias públicas.
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