La programación de radio y televisión nacional de los canales públicos y privados puede ser interrumpida sin aviso ni planificación por orden del Ejecutivo Nacional para difundir mensajes o alocuciones según su discrecionalidad. La situación genera un limbo jurídico pues su reglamento no ha sido aprobado y por lo tanto su uso ha degenerado en excesos de poder. En 6 años se han transmitido 1316 cadenas, 779 horas de programación impuesta que hacen reflexionar sobre la libertad de expresión, el acceso libre a la información y la censura mediática.
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