Las necesidades relativas de gasto de las comunidades autónomas

• Francisco Pérez García ^[1] ; Vicent Cucarella ^[1]
  1. [1] Universitat de València

     Universitat de València

     Valencia, España

     
• Localización: Mediterráneo económico, ISSN 1698-3726, Nº. 30, 2016 (Ejemplar dedicado a: Financiación autonómica: problemas del modelo y propuestas de reforma), págs. 275-299
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Este trabajo muestra cómo calcular las necesidades de gasto de las comunidades autónomas españolas para nivelar las oportunidades de sus habitantes de acceso a los servicios, en especial los de educación, sanidad y servicios sociales. Propone un criterio de justicia distributiva propuesto por Rawls que ignora dónde residen los beneficiarios y tiene en cuenta los usuarios de distintas clases de servicios en cada comunidad y la intensidad en las necesidades de los servicios de diferentes grupos de población. Las estimaciones resultantes de la métrica propuesta justifican diferencias de necesidades de gasto por habitante para las distintas funciones, pero reducidas para el conjunto de los servicios públicos fundamentales y para el total de las funciones de gasto. A la luz de la métrica propuesta, las diferencias de financiación por habitante del actual modelo y el anterior no encuentran justificación en la intensidad de las necesidades de las comunidades y discriminan a unas frente a otras.

  • English

    This work shows how to calculate the expenditure needs of autonomous communities in Spain, with a view to balance the opportunities of their citizens with regard to accessing services, particularly education, healthcare and social services. It suggests a distributive justice criterion, proposed by Rawls, which overlooks where the beneficiaries live, and considers the uses of different types of services in each community, as well as the intensity of the service requirements of different sectors of the population. The estimations derived from this metric justify differences in the expenditure needs per person for different functions, but which are reduced for the overall set of fundamental public services and for the total of expenditure functions. Considering this metric, the differences in funding per inhabitant, in the current model and the previous one, cannot find justification in the intensity of needs of autonomous communities, whilst discriminating one over another.