Desde que se diera a conocer la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la que se condenaba a una entidad bancaria a reintegrar al cliente los gastos de formalización de la hipoteca, se ha producido un aluvión de reclamaciones judiciales y extrajudiciales. Analizamos a fondo esta sentencia y, su predecesora, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015
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