El establecimiento de requisitos formales para los principales escritos de la casación contencioso-administrativa, acordada por el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 19 de mayo de 2016, plantea un problema práctico al no prever las consecuencias que lleva aparejado su incumplimiento, ni tampoco la posible afectación de los derechos de las partes a consecuencia de exigir estos requisitos formales.
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