El presente estudio analiza de forma crítica la evaluación individual que se habrá de realizar a todas las víctimas, con el objetivo de determinar sus necesidades especiales de protección y las medidas de apoyo que se le podrán ofrecer en el curso del proceso penal para prevenir el riesgo de victimización secundaria o reiterada, intimidación o represalias. Y con este propósito, en el contexto de la Ley 4/2015 sobre el estatuto de la víctima y su desarrollo reglamentario por el RD 1109/2015, examina la competencia, trámites del procedimiento para llevarla a cabo y documentación para comunicarla a la Autoridad Judicial. Poniendo en valor la participación que en esta labor deben desempeñar las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que por su contacto directo con ellas ocupan en la práctica forense una posición privilegiada para llegar a conocer y tutelar sus necesidades específicas a través de los profesionales que integran sus equipos técnicos.
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