La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la preferencia de las notificaciones electrónicas. Estima realizada la notificación con la puesta a disposición del acto en la sede electrónica. La obligación de notificarse en el plazo de diez días recae sobre el administrado, esto supone un paso atrás en los derechos y garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública.
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