Hace trece años, por medio del decreto 1598/93, nace en la Argentina la Procuración Penitenciaria Federal con el objetivo institucional de crear un instrumento jurídico que protegiera con rapidez y eficacia los derechos de las personas presas sujetas al régimen penitenciario federal y que además informara a los poderes públicos acerca de las reformas que exigiría dicho régimen.
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