La implementación de los ansiados principios de eficacia y eficiencia administrativa, en el ámbito de la contratación pública, se ha visto favorecida con la utilización cada vez más frecuente de la figura del acuerdo marco, como técnica de racionalización. Junto a las indudables ventajas que presenta la herramienta del acuerdo marco, éste presenta ciertos riesgos, como el de la posible colusión entre los adjudicatarios, o el efecto del cierre del mercado que se produce durante el tiempo de su vigencia, de difícil o imposible solución. Además, existen algunos aspectos fundamentales del régimen jurídico de los acuerdos marco que se hallan pendientes de definir, y respecto de los cuales, sería necesaria una mínima concreción legal.
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