El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina que confirmó la constitucionalidad de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual resultó un hecho jurídico, histórico y político fundamental en la historia de la regulación de la comunicación y la libertad de expresión en el país. Esta sentencia también avaló la potestad del Estado para regular la comunicación, independientemente del soporte, sobre la base de la necesidad de garantizar la diversidad y el pluralismo. Este artículo propone un análisis de los principales puntos de este fallo ya que, a nuestro entender, asume una relevancia equivalente a nivel nacional a la que implicó la opinión consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel regional. Por primera vez, la perspectiva de la comunicación como derecho humano por encima de los requerimientos de la mercantilización traspasó las discusiones académicas para convertirse en jurisprudencia.
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