Zaragoza, España
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el marco de la modernización de la regulación de la sector público institucional en el que se incardinan las sociedades mercantiles estatales, ha introducido un régimen especial de responsabilidad aplicable a los integrantes del consejo que tengan la condición de empleados públicos. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del consejo será asumida directamente por la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, la Administración General del Estado podrá exigir, de oficio, a dicho empleado público la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando concurriera dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las normas administrativas. Este trabajo tiene por objeto determinar con claridad el ámbito de aplicación de esta norma y su contenido en conexión con la regulación societaria de la responsabilidad de los administradores.
The Act 40/2015, of 1 October, on Public Sector Legal System, in the context of the modernization of the regulation of the Institutional Public Sector that includes State-owned companies, has introduced a special liability regime for the directors of this kind of companies who have the status of public employees. The General Administration of the State will directly assume the liability of the public employee as a member of the Board of Directors. At the same time, the General Administration of the State may enforce, ex officio, the public employee’s liability for damages in their property or rights when such damages result from breach of their duties with malice or gross negligence, in accordance with the administrative rules. This work aims to determine clearly the scope of these new rules and its content in connection with the general regulation of companies director’s liabilities in the Spanish Companies Act.
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