Las condiciones globales económicas ejercen presión sobre los Estados, particularmente, en aquellos que están vinculados a los tratados de libre comercio. México, ante el riesgo de quedar al margen de estos procesos, ha realizado una importante serie de reformas en su legislación para atraer capitales y asegurar mano de obra barata. El sistema jurídico, a partir de 2007, ha sido particularmente reformado, no sólo para garantizar la seguridad e impartición de justicia, protegiendo los derechos humanos en su esencia constitucional, sino también para generar expectativas de seguridad para la inversión de capitales. Estas y otras reformas, así como sus nuevas instituciones, han estado muy lejos de solucionar parte de los graves problemas nacionales, como la delincuencia organizada y la inseguridad ciudadana. Al amparo de la ley del más fuerte, han surgido movimientos contestatarios con nuevos actores, como los grupos de autodefensa que ponen en entredicho el monopolio del uso de la violencia de Estado, disputándose el control de espacios territoriales desbordados de violencia. Planteado el problema, el objetivo que se persigue, en un análisis cuidadoso, es demostrar la evidente crisis e inoperancia del sistema jurídico mexicano y la urgencia de reformarlo ante los procesos de la globalización.
Global economic conditions exert pressure on states, particularly for those who are linked to free trade agreements. Mexico, with the risk of being left out of these processes, has made a series of important reforms in its legislation to attract capital and to ensure cheap labor force. The legal system, from 2007, has been particularly reformed, not only to ensure the safety and enforcement of justice, by protecting human rights in their constitutional essence but also to generate expectations for capital investment. These and other reforms, as well as new institutions, have been very far from solving some serious national problems, such as social impoverishment, organized crime and insecurity. Under the law of the strongest, social movements are criminalized and the new players organized in community police and self-defense groups call into question the monopoly of the use of state violence disputing control of areas overwhelmed with violence. At this point, the objective pursued, based on a careful analysis, is to demonstrate the evident crisis and failure of the Mexican legal system, and the need to reform it given the globalization processes.
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