La regulación sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, así como la intensa persecución de los delitos de corrupción en la contratación nacional e internacional, ha generado una especial preocupación en la redacción de los contratos mercantiles. En esta contratación se han comenzado a introducir previsiones contractuales que tienen por objeto el regular la posible incidencia que un caso de corrupción puede tener sobre la validez y efectos de los contratos mercantiles.
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