La financiación de proyectos de infraestructuras (en adelante “FP”) en determinados sectores tales como la energía, los transportes o las telecomunicaciones tiene una gran relevancia social debido al impacto económico, jurídico y social que generan. Esta fórmula de financiación se emplea para la construcción y puesta en marcha de activos productivos que tienen asegurada la generación de ingresos a partir de su explotación comercial, bien por ley o por disposición contractual.
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