Sevilla, España
El patrimonio, entendido desde sus concepciones primarias hasta sus más actuales definiciones, conlleva una gran componente de sentido de pertenencia y, por ende, de identidad. Esto supone, por tanto, una implicación alta de la ciudadanía ante la mayoría de intervenciones en elementos patrimoniales, lo que históricamente ha provocado una buena cantidad de manifestaciones individuales y colectivas para reclamar intereses relativos a la protección o desafección de los mismos.
En un momento en que el debate sobre el papel activo de la ciudadanía en los procesos de gestión y planificación adquiere un especial protagonismo, esta aportación ofrece una perspectiva sobre la participación ciudadana en los procesos de planificación que afectan al patrimonio urbano, y más concretamente, en las diferentes etapas de redacción y aprobación de los documentos que, por antonomasia, regulan a nivel local el devenir de los bienes inmuebles: los planes especiales de protección del patrimonio.
A lo largo del texto se defiende una visión del patrimonio indefectiblemente unida a la implicación de la ciudadanía que ostenta su tutela, a la vez que se analiza la regulación legal que ordena los procesos tanto obligatorios como discrecionales que son imperativos para la elaboración de dichos planes, lo que ofrece conclusiones acerca de los grandes contrastes entre lo teórico, lo recomendable y lo que generalmente se aplica en la práctica.
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