En este artículo se analiza la obligación, inédita en el panorama empresarial español, de dotar a las grandes empresas no cotizadas con un Comité de auditoría como desde hace años ocurre entre las compañías cotizadas. Esta traslación de medidas a empresas no cotizadas lleva a los autores a identificar un área de necesaria cooperación entre el ámbito profesional y el académico.
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