Las Universidades nacionales dependen del Estado Argentino, pero los años de tiranía, de descomposición de este, de los sucesivos exilios y migraciones, de destrucción de la educación pública, de los embates privatizadores, situaron un rasgo que ha compartido con algunos sectores de la sociedad civil, a saber: la desconfianza en la política, y el distanciamiento de sus producciones científicas de aquellas necesidades sociales, culturas, tecnológicas y de otros órdenes de la vida. El escenario ha cambiado en estos últimos años como consecuencia de un Estado nacional que aportó ingentes recursos para la repatriación de investigadores formados, de construcciones edilicias, de creación de laboratorios, centros e institutos, de mayor cantidad de cargos para la docencia y la extensión; pero aún persiste el reflejo por el cual, se ubica a la acción política como una responsabilidad que se encuentra en prácticas externas a la universidad, en poderes lejanos, en estructuras impermeables al capital científico. La catástrofe hídrica de la ciudad de La Plata ha roto esas fronteras con la violencia de su agresión, que se manifiesta antes que como un hecho de la naturaleza, como un develador de las insuficiencias y malestares en el diseño, la legislación y la ejecución de las políticas, es decir, públicas que probablemente hubieran evitado los daños inferidos en vidas y bienes. La Universidad Nacional de La Plata es descendiente de una larga tradición científica, ha sido celosa de su autonomía, lo que ha significado la preservación de sus mejores logros, pero también ha influido menos de lo necesario, ha reclamado en cierto sentido más que lo que aportó, ya no como asesora, evaluadora o como exploradora, sino como parte integrante de los poderes del Estado, formando profesionales para todos ellos, pero no integrando todas y cada una de instituciones de la forma republicana de gobierno. Es desde esa perspectiva que pueda ser posible repensar el concepto de participación política de las universidades como parte integrante de las gestiones constitucionales.
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