Las violaciones de derechos humanos a personas que ejercen el periodismo son un atentado a la libertad de expresión, la cual es un valor fundamental para el desarrollo democrático del Estado mexicano. Debido a ello, cualquier agravio cometido por agentes del gobierno o cualquier inacción para castigar a quienes atentan contra este derecho, es un claro retroceso en el objetivo de alcanzar una democracia plena.
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