El nuevo marco regulatorio de la Unión Europea en materia de contratos públicos debe ser una oportunidad para acotar las malas prácticas y la corrupción en los contratos públicos. Es necesario repensar y articular una nueva normativa de contratos que satisfaga los intereses públicos con respeto a los principios de igualdad de trato, eficacia, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar una "mejor" organización administrativa. Los esfuerzos para mejorar la transparencia deben coordinarse con las necesarias medidas de regeneración democrática, de ejemplaridad y de ética pública.
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