Resumen de The role of European institutions in the defense of human rights in the Western Sahara

María López Belloso, Eloísa González Hidalgo

• español

  La posición de la UE ante el conflicto del Sahara Occidental se ha caracterizado principalmente por: i) un posicionamiento mucho más tibio que en otros conflictos; ii) y por lo que se ha venido a denominar «la política del doble rasero», con una implicación distinta de las diferentes instituciones europeas, y con un posicionamiento desigual ante la negociación política de la salida al conflicto y la defensa de los derechos humanos. Se ha considerado que esta incoherencia se mantenía entre el posicionamiento político de las instituciones de la Unión, influidas por las presiones políticas de algunos de los actores implicados, como Francia y España; y por los intereses económicos de la UE, fundamentalmente relacionados con la explotación de los recursos naturales del territorio, mientras que parecía existir consenso sobre la apuesta clara de la UE por la defensa de los derechos humanos de la población saharaui. Sin embargo, este trabajo pretende demostrar que «el doble rasero» y la inconsistencia del posicionamiento de las instituciones europeas se ha trasladado incluso a la defensa de los derechos humanos. Así, mientras las instituciones europeas defienden los derechos civiles y políticos de la población saharaui en los Territorios Ocupados, además de denunciar la situación de precariedad que enfrenta la población de los campamentos de refugiados, ante la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población saharaui los intereses económicos de varios Estados miembros de dichas instituciones se sobreponen a la defensa de los derechos humanos de pueblo saharaui. Este artículo tratará de demostrar esta incoherencia en la defensa de los derechos humanos de la población saharaui a través del examen de documentación tal como: informes de misiones de observación in situ, informes sobre la situación de los derechos humanos, apoyo a activistas saharauis, análisis de los flujos de ayuda humanitaria a los campamentos de Tinduf; así como del análisis jurídico de los distintos acuerdos firmados entre la UE y Marruecos para la explotación de los recursos naturales del territorio que pertenece a un pueblo que aún se encuentra en proceso de descolonización.

• English

  The European Union’s position on the Western Sahara conflict has been characterized on the one hand by a more tepid position than in other international conflicts; and on the other, by what has been referred to as a «double standard policy» of the EU, with different implications and a different stance of the European Institutions on the peace negotiation and on the defence of human rights. It has been considered that this incoherence was maintained between the political attitude of the European Institutions which was influenced by the political pressures of some actors involved, such as France or Spain, and EU economic interests, basically related to the exploitation of the natural resources of the territory. However, it was supposed to be a clearer and more coherent statement of the EU on the defence of the human rights of Sahrawi population. Nevertheless, this paper argues that this «double standard policy» and political incoherence has been even translated to the defence of human rights. Thus, while the European institutions clearly defend civil and political rights in the Occupied Territories and condemn the precarious conditions of the Sahrawi Refugees, European economic interests overwhelm the defence of the Sahrawi people´s cultural, economic and social rights. This article will try to unveil this inconsistence in the defence of the rights of Sahrawi people through the analysis of documents such as: reports of the EU parliament, in situ missions, European Institutions´ reports on the situation of Human Rights, support to Sahrawi activists, and European Humanitarian Aid flows; comparing them to legal/illegal agreements signed by the EU with Morocco for the exploitation of natural resources and the stance of the EU towards local NGOs and human rights associations