Los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente aquellos que son parte de la Eurozona, pueden descubrir, en tiempos de gran crisis, los límites de su acuerdo federativo, no sólo los que vienen impuestos por la propia estructura de la Unión, sino también aquellos fijados por las normas de conducta en asuntos de política de alto nivel, que son cuestiones cruciales para las poblaciones nacionales en relación a la creación de riqueza y la distribución de recursos. Estas normas, raramente mencionadas en los tratados de la Unión, dan pie a feroces luchas políticas, que muchas veces no son rentables para todos los participantes, especialmente en los casos en que una gran mayoría de los Estados busca imponer una postura homogénea a las partes discrepantes. La democracia no es de ayuda a estos últimos, ni como mayoría parlamentaria nacional ni en relación a una igualdad de argumentos, frente al discurso «parresiástico» de la parte desviada. El caso de Grecia lo ilustra a la perfección.
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