La satisfacción de los intereses públicos por las Administraciones y su obligación constitucional de promover políticas públicas para la protección medioambiental nos habilitan para impulsar en el sector de la contratación pública que en los procedimientos de adjudicación de los contratos la variable ambiental sea tomada en consideración por el órgano de contratación, con lo que lograr el desarrollo de la actividad contractual vinculada con la protección del medio ambiente. Para que esta posibilidad sea real se están elaborando, fundamentalmente, directivas comunitarias que acompañadas con los pronunciamientos jurisprudenciales y la normativa nacional son objeto del presente estudio.
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