En 2013 se aprobó en México la denominada “reforma energética”, que por primera vez apertura al sector privado (tanto de empresas nacionales como extranjeras) el llevar a cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales dentro de territorio nacional, y con ello el fracking como técnica de extracción. El objetivo del trabajo es determinar si los pueblos indígenas pueden verse afectados en sus territorios por las mencionadas actividades. La fuente de información es documental, basada en libros, artículos, informes, legislación, jurisprudencia, y medios electrónicos. La principal conclusión consiste en que la apertura de mercado al sector privado para la explotación de las fuentes no convencionales puede, en la práctica, significar una amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Algunos de los territorios indígenas se encuentran ubicados dentro de las áreas donde se pretende llevar a cabo la actividad extractiva, pese a que existen instrumentos jurídicos internacionales, de los que México es firmante, que protegen los derechos territoriales de estos pueblos. Además, a nivel nacional, la normativa en la materia está diseñada para proteger los intereses económicos y no los intereses sociales.
In 2013 the Mexican Energy Reform is approved by the Congress , and for the first time the private sector (both national or international) is allowed to participate in the exploration and exploitation of non conventional hydrocarbon energy sources within the territorial limits of the state. The main purpose of this paper is to determine whether there is any risk associated with the reform for indigenous people’s rights to the land. The research is based on documentary sources, like books, papers, official reports, legislation and court decisions. The main conclusion is that the operation of the private initiative in the Mexican energy sector can be considered a threat to indigenous rights, mainly considering that many of the oil and gas reserves are located inside indigenous territories. Despite the fact that Mexico has signed all the international agreements concerning indigenous rights, and also has incorporated in its constitution some specific rights for indigenous people, there are some constitutional norms related with the energy sector that could jeopardize the full enforcement of those rights.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados