Las recientes aportaciones del Tribunal Constitucional, declarando la inconstitucionalidad de dos normas autonómicas, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo que anula el recurso al dictamen de peritos empleado como medio híbrido, combinado con el de precios medios de mercado, ponen de manifiesto la problemática complicación que tiene la regulación de los medios para realizar la comprobación de valores en relación con los tributos cedidos. Y es que, si bien son las Comunidades Autónomas las que tienen competencia para la realización de las comprobaciones de valores, es el Estado, a la postre, el que tiene que regular suficientemente el recurso a cada uno de los medios, sin que ni siquiera las Leyes autonómicas puedan sustituir una competencia exclusiva estatal.
The recent Constitutional Court contributions declaring the non-constitutionality of 2 autonomic regulations, likewise the Supreme Court jurisprudence annulling the appeal against the judgement of experts used as a hybrid medium, in conjunction with the average market prices, bring to the fore the problematic complication of regulating the means to verify the values in relation to assigned taxes. Despite the fact that the Autonomous Communities have the competence to verify the values, in the end it is the State the one that must regulate the appeal to each of the means sufficiently, whereby not even Autonomic Legislation can replace an exclusively state competence.
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