Desde su sanción en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) ha implicado modificaciones en el mapa de medios argentino. No sólo se ha planteado un reordenamiento del espectro audiovisual que incide en los diversos formatos y contenidos que se consumen, sino que además ha cuestionado algunas concepciones respecto del ideario sobre la comunicación, proponiendo una noción de esta como derecho.En sus poco más de seis años de vigencia la Ley no fue aplicada en su totalidad por diversidad de intereses de los actores que entran en juego (Estado, sociedad civil, grupos económicos del sector privado, etc.). En este marco resulta interesante analizar el caso de las radios comunitarias como un espacio portavoz ciudadano sin fines de lucro que ha logrado reconocimiento y aun así continuó encontrando limitantes para su desarrollo. La propuesta es entonces, valiéndonos de datos cuantitativos publicitados por organismos oficiales y entrevistas en profundidad a miembros y representantes de redes y radios comunitarias, analizar en qué medida se ha logrado implementar la Ley de Medios y cuál es la distancia entre la propuesta inicial y las posibilidades y desafíos emergentes de su aplicación.
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