La conversión de los hospitales públicos en empresas sociales del Estado, ha sido considerado un cambio que sí funcionó. La posibilidad de que estas instituciones tuvieran una personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, pero ante todo que cumplieran un papel eficiente, en su responsabilidad de prestar servicios de salud a la comunidad, y a la vez ser autosuficientes desde el punto de vista financiero, ha sido algo muy debatido, frente a la responsabilidad que adquieren para con ellos, las entidades promotoras de salud y las administradoras del régimen subsidiado, que no obstante haber atendido en salud a sus afiliados, no han pagado a tiempo estos servicios y han generado el cierre de muchas instituciones. (…)
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