El Derecho europeo impone, tanto desde la perspectiva de la contratación pública, como desde el control de las ayudas de Estado, severos condicionantes a la gestión de los servicios públicos, por más que parta de un planteamiento neutro rspecto de la alternativa gestión directa o mediante el encargo a terceros. El presente trabajo pretende ofrecer algunas pautas al respecto, asumiendo que una primera dificultad pasa por reconocer que el concepto europeo de SIEG y el interno de servicio público no son idénticos.
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