La Ley de Dependencia nació como una forma de garantía pública de unos derechos universales de atención de aquellas personas que lo necesitan. Su implantación se ha frustrado, en parte, debido a que el Partido Popular ha recurrido al pretexto de la crisis para recortar gastos, entorpecer su desarrollo y provocar retrasos en las prestaciones, dando lugar a notables diferencias entre Comunidades Autónomas. En estos momentos hay más de cuatrocientas mil personas en toda España en lista de espera para recibir las ayudas a la dependencia, un dato que proporciona la medida de la importancia de aplicar bien dicha Ley. Temas analiza la situación recabando la opinión de expertos y responsables políticos.
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