En el editorial del número de marzo-abril de nuestra revista, poníamos sobre la mesa el daño que estaba causando al sector del cemento y el hormigón la falta de un Gobierno en España. Pensábamos por aquellas fechas que finalmente habría un pacto que salvaría al país de unas nuevas Elecciones Generales, cosa que al final no ha sido así como bien sabemos. Así las cosas y después de 26J, esperamos que a la segunda vaya la vencida y por fin tengamos un Gobierno que deje de ser provisional y se ponga manos a la obra lo antes posible, y nunca mejor dicho, ya que la paralización de la obra pública, bajo mínimos en lo que llevamos de año 2016, es el mayor problema al que se enfrenta el consumo de cemento en nuestro país.
Y es que, independientemente del partido o partidos que formen el nuevo Gobierno del Estado español, es urgente volver a poner en marcha todas esas obras públicas que hoy se encuentran a la espera de los acontecimientos y dar un empujón definitivo a todas aquellas que guardan hoy en día el sueño de los justos en los cajones ministeriales, como se suele decir.
Sobre este aspecto profundiza la primera de las tribunas que se publican en este número de Cemento Hormigón y que pone por enésima vez de manifiesto cómo la Administración pública crea una problemática que puede hacerse endémica en nuestro país al bajar peligrosamente los precios de las licitaciones públicas de obras. Y no olvidemos que a esto se une unos desmesurados plazos de pago a la empresa privada que lo que ha hecho es acabar con muchas empresas constructoras de pequeño y mediano tamaño, con todo lo que esto conlleva. (...)
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