El mal uso de los macrodatos y de la inteligencia artificial puede derivar en una merma efectiva de los derechos civiles. Para evitarlo, la sociedad, los Gobiernos, las empresas y el mundo académico deben tomar conciencia del problema y actuar en consecuencia.
Los Estados deberían comenzar a trabajar en un marco regulador que garantice a los individuos el acceso a la información que se recopila sobre ellos. La gestión de esa información debe ser transparente y su uso no autorizado debería estar castigado por ley.
Los sistemas educativos deberían fomentar un uso crítico y responsable de la tecnología digital. La sociedad civil debería contribuir a la innovación y a la solución de problemas globales mediante plataformas participativas que fomenten la colaboración y el debate.
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