Resumen de El "efecto sustitución” del legislador laboral y de la autonomía colectiva en la aplicación del juicio de proporcionalidad por parte del TJUE

Mireia Llobera

• español

  El artículo trata de evaluar el fundamento empírico del juicio de necesidad desarrollado por la jurisprudencia del TJUE, cuando asimila los estándares laborales a barreras regulatorias al comercio intracomunitario. Se plantea el interrogante sobre la legitimidad y capacidad de los tribunales para pronunciarse sobre la necesidad de determinadas medidas, a partir de consideraciones judiciales de carácter técnico-económico, que vienen a sustituir al propio legislador y a los agentes sociales en el ejercicio de su autonomía colectiva. La ya consabida crítica de inconmensurabilidad del principio de proporcionalidad se profundiza en este ámbito, pues resulta complejo establecer objetivamente el nivel de eficacia de políticas socieconómicas en la consecución de sus finalidades mediatas, así como el tipo de gravamen que éstas imponen a las libertades de mercado. Unos estrictos límites impuestos, por parte de la jurisdicción comunitaria e internacional al ejercicio del poder estatal, que contrastan con el laxo margen de apreciación que la jurisdicción nacional otorga al legislador, en relación al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

• English

  The article analyzes the empirical foundations of the principle of necessity developed by the ECJ, when assimilating labour standards to intra-Community regulatory barriers. The author puts into question the legitimacy and capacity of the Court to substitute both legislator and social partners in the exercise of their collective autonomy. Criticism to the application of the principle of proportionality delves into this area of Law, as it is difficult to objectively determine the level of effectiveness of socioeconomic policies in achieving their mediate purposes, altogether with an assessment of the burden they impose on market freedoms. These strict limits to the exercise of state power regulation contrast sharply with the lax discretion that national jurisdiction provides the legislator, as far as compliance with standards international human rights is concerned