En este artículo se plantea si realmente es fiable que las entidades financieras, que no atraviesan, en general, su mejor momento reputacional, deban participar o no en la elaboración e implementación de programas de educación financiera. Aunque los potenciales conflictos de interés son consiedrables, con las debidas cautelas y rigor, el conocimiento y la experiencia que atesoran, con todo, los empleados y directivos del sector merecen ser aprovechados en beneficio de los ciudadanos.
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