En este estudio se analizan algunos de los aspectos que, con mayor o menor eco, resonaron durante la elaboración, tramitación y aprobación del nuevo régimen jurídico en materia de seguridad ciudadana. En primer lugar, se analizan las controvertidas necesidades en las que se ampararon para justificar la misma; en segundo lugar, sus problemas de encaje con la regulación dada al derecho fundamental a la reunión y manifestación y, en tercer y último lugar, se efectúa una breve referencia a la metamorfosis de algunos ilícitos penales en administrativos, así como algunas consideraciones relativas a los principios rectores de la potestad sancionadora de la Administración pública.
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