El caso de la talidomida mantiene y mantendrá plena actualidad jurídica en nuestro país, no ya solo porque el mismo concita toda una serie de interpretaciones doctrinales que inciden en cuestiones esenciales de la responsabilidad civil, que van más allá de la mera prescripción, sino también porque la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 20015 tras ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, mantiene un enfoque final que adolece de carencias significativas en lo que supone la lesión de derechos fundamentales
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