Estados Unidos
Entre las leyes que componen el programa de bienestar primario de California se encuentra la llamada regla de la máxima subvención familiar (MFG). Promulgada a mediados de los noventa, esta norma establece un límite en la cantidad de ayuda en efectivo que los ciudadanos pueden recibir por el nacimiento de un nuevo hijo. Recientemente, los miembros de la Asamblea del Estado de California han considerado la derogación de la ley sobre la base de que es discriminatoria.
Estas afirmaciones han sido objeto de críticas, duda y confusión. En este artículo, argumentaré que la regla de la máxima subvención familiar es de hecho discriminatoria. Al igual que otras legislaciones sobre el bienestar y el límite de ayudas a las familias, la regla del MFG redistribuye injustamente cargas sociales sobre los hombros de los hogares pobres y de los niños pobres en particular. Tal redistribución tiene implicaciones negativas demostrables para la salud de esos niños, la nutrición y el acceso a la atención médica.
Estos hechos, defenderé, son suficientes para justificar la tesis de que la regla de la MFG y los límites a las ayudas sociales son casos de discriminación institucional. Este artículo aporta una perspectiva netamente filosófica a un debate político en curso sobre las limitaciones a ayudas sociales para el bienestar y, espero, proporciona algo de claridad acerca de lo que es, precisamente objetable en un sentido normativo acerca de la regla sobre el MFG y otras leyes similares.
Among the laws that compose California’s primary welfare program is a rule called the Maximum Family Grant (MFG). Enacted in the mid-1990’s, this rule places a cap on the amount of cash aid citizens may receive upon the birth of a new child. Recently, members of the California State Assembly have considered repealing the law on the grounds that it is discriminatory. These claims have been met with criticism, doubt, and confusion. In this essay, I will argue that the Maximum Family Grant rule is indeed discriminatory. Like other welfare and family cap legislation, the MFG rule unjustly redistributes social burdens onto the shoulders of poor households and poor children in particular. Such redistribution has demonstrably negative implications for those children’s health, nutrition, and access to medical care. These facts, I will argue, suffice to ground the claim that the MFG rule and welfare caps like it are instances of institutional discrimination. This essay brings a distinctively philosophical perspective to an ongoing political debate about welfare caps and, I hope, provides some clarity about what precisely is normatively objectionable about the MFG rule and other legislation like it.
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