La adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea para la Protección de los Derechos Fundamentales, constituye una de las asignaturas pendientes de la integración europea que tras la aprobación del Tratado de Lisboa recibió un definitivo impulso por parte del legislador europeo. No obstante, el reciente dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión oponiéndose al proyecto de adhesión, ha supuesto la paralización total del proceso. La compatibilidad de un control externo a la Unión, y de los principios que la rigen como el de primacía de su derecho, y el reparto de competencias entre los Estados que la integran y sus Instituciones se encuentran en el centro de la problemática que abordamos en este artículo.
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