Siendo la relación de puestos de trabajo el instrumento de las Administraciones Locales para la ordenación de su personal, crea habitualmente la expectativa en los empleados públicos de ver incrementadas sus retribuciones como resultado de la valoración de los puestos de trabajo. La adecuación a la legalidad de las retribuciones resultantes entra, casi siempre, en conflicto con las limitaciones impuestas por las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
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