El agrio debate sobre la energía nuclear ha cobrado fuerza tras el reciente accidente de una planta de uranio en Japón y la prórroga de tres años que ha obtenido la central de Zorita. Mientras los defensores del átomo y los integrantes de la cruzada antinuclear se tiran los trastos a la cabeza, el Gobierno no sabe qué hacer con las 2.200 toneladas de residuos radiactivos que han generado las centrales españolas en los últimos años.
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