En esta ocasión, la controversia no está en los sueldos sino en las dietas por asistencia a los consejos de administración de las empresas públicas y otros privilegios camuflados bajo el amplio concepto de salario diferido que cobran muchos concejales, principalmente los de las grandes ciudades, y que, en algunos casos, les supone añadir a sus salarios entre un millón y un millón y medio de pesetas brutas anuales.
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