La reforma constitucional de 1994 otorgó rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, incorporando el derecho al agua al ordenamiento jurídico argentino. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2 de diciembre de 2014, dictado en los autos Kersich, sirve para comprobar la protección que se brinda al acceso al agua potable y el tipo de proceso más eficiente para hacer efectivo este derecho en Argentina.
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