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Incautación de bienes y la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Tarifa: el caso de José Pérez Pérez

  • Autores: José León Rojas
  • Localización: Aljaranda: revista de estudios tarifeños, ISSN-e 2386-821X, ISSN 1130-7986, Nº. 89, 2016, págs. 43-64
  • Idioma: español
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  • Resumen
    • español

      Entre los instrumentos jurídicos creados por los militares sublevados el 18 de julio de 1936 para suprimir el estado democrático de la II República, se encuentra el proceso de Incautación de Bienes, legalizado por el decreto 108 de septiembre de 1936, y la Ley de Responsabilidades Políticas, de febrero de 1939. Ambas herramientas fueron usadas para someter a todo elemento afín al régimen republicano y evitar cualquier oposición al nuevo estado surgido tras el Golpe de Estado. Entre los miles de españoles que sufrieron la incautación de sus bienes y a los que se les aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas encontramos a José Pérez Pérez, teniente de alcalde en Tarifa durante la II República. Su detención y posterior asesinato no evitó que fuera objeto de un largo proceso judicial que comenzó el 16 de octubre de 1936, con la apertura del expediente de Incautación de Bienes, y continuó a lo largo de varios años cuando fue por delitos de responsabilidad política.

    • English

      Among the legal instruments created by the military forces that rose on 18th July 1936 to destroy the democratic state of the Second Republic, were included the ones related to the process of Seize Property, legalized by Decree 108 on September 1936; and the Law of Political Responsibilities, passed on February 1939. These laws were used to submit all republic elements and to prevent the opposition to Francoist Spain. Thousands of Spaniards also suffered the seize property and the Law of Political Responsibilities, as happened with José Pérez Pérez, major deputy in Tarifa for the Second Republic. He was arrested and killed after a long series of judicial proceedings. Such proceedings began with the seize property on 16th October 1936, and continued several years with the Law of Political Responsibilities.


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