Sevilla, España
La llamada "prueba científica" constituye uno de los frentes de modernización más importantes del actual modelo de proceso penal. La aplicación procesal de los avances científicos y técnicos contribuye sin duda a la averiguación de los hechos en la justicia penal, a veces con instrumentos decisivos como el ADN, pero también abre incertidumbres y exige cautelas, señaladamente en cuanto al respaldo y fiabilidad de las nuevas técnicas y en cuanto a la protección de las garantías y derechos fundamentales de contenido material y procesal. En este contexto debe situarse el análisis del llamado test P300 y los requisitos de su utilización en el vigente proceso penal. El mencionado test consiste en una técnica electroencefalográfica capaz de detectar estímulos neurológicos emitidos por nuestro cerebro que permitirían comprobar si un sujeto almacena información relevante relacionada con un hecho delictivo. Esta técnica, tradicionalmente utilizada en el ámbito médico para la detección de ciertas disfunciones, ha irrumpido en nuestro sistema judicial como una prueba científica no exenta de críticas, tanto en cuanto a su legalidad como en cuanto a su grado de cientificidad. En las siguientes líneas tratarán de disiparse algunos mitos que rodean a esta nueva diligencia de investigación así como establecer ciertas directrices para que su empleo en nuestro proceso penal pueda llegar a ser plenamente efectivo.
The scientific evidence is one of the most important fronts of modernization of the current criminal procedure. The procedural application of scientific and technical progress undoubtedly contributes to the inquiry of facts in criminal justice, sometimes with decisive instruments like DNA, but also raises uncertainties and requires cautions, notably in terms of support and reliability of the new techniques and the protection of fundamental rights and guarantees of substantive and procedural content. In this context it must be set the analysis of the test called P300 and the requirements for its use in the current criminal procedure. The said test is an electroencephalographic technique that detects brain waves to verify if a subject stored some relevant information related to a criminal act. This technique, traditionally used in the medical field in order to detect dysfunctions, has burst into our judicial system as a scientific evidence not absent of criticism, both with regard to its legal aspects such as its degree of scientific nature. In the following lines I will try to dispel some myths surrounding this new investigatory measure and to establish some guidelines which can provide a fully effective use of this methodology in our criminal courts.
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