Análisis cuantitativo de la posible incidencia práctica que puede tener, en términos de carga de trabajo, atribuir a las salas civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias penales dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales. Así como comentario crítico al modo en que se ha realizado esa nueva atribución de competencia y algunos apuntes de alternativas orgánicas para generalizar la segunda instancia penal.
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